por Juana Durán
El 10 de noviembre pasado, dos días después que un disparo dejara ciego a Gustavo Gatica, el director de Carabineros, Mario Rozas, apareció en un programa televisivo de Chilevisión arrepentido y golpeando la mesa. “Sabemos quienes dispararon a Gustavo Gatica”, dijo para todo el país. Unas semanas después, el 26 de noviembre, Fabiola Campillay salió de su casa en San Bernardo para ir a trabajar y fue alcanzada por disparos que, como a Gatica, también le quitaron la visión para siempre. Gonzalo Blumel, ministro del Interior y encargado de la seguridad nacional, afirmó que le daba siete días al general Rozas para que entregara los nombres de los involucrados. Rozas, quien el 13 de noviembre había arengado a sus hombres en un discurso en la escuela de suboficiales asegurando que se negaría a dar de baja a algún uniformado, aunque lo obligaran, cumplió su palabra: siete meses después, no hay ningún sancionado de Carabineros por sus horribles actos.
El estallido social fue la comprobación de la bajeza institucional de Carabineros. Con cerca de 400 personas mutiladas en dos meses y medio–un récord que en promedio superó los abusos cometidos por los israelíes contra palestinos-, la institución venía a los tumbos. El mayor robo en la historia de Chile con, hasta ahora 28 mil millones de pesos, entre 2006 y 2016 y que involucró a generales, es una mancha de desprestigio absoluto. Más aún, cuando apenas se han recuperado menos de mil millones de lo defraudado y, supuestamente, participaron solo 33 personas. ¿Creerá Carabineros que la opinión pública estima que esa cantidad de uniformados participaron en este descontrolado saqueo?
Los hechos delictuales suman. Entre 2016 y 2019, la policía uniformada perdió 74 armas de fuego fiscales, entre revólveres, pistolas, subametralladoras y escopetas. De ellas, 54 se perdieron desde comisarías. En una redada policial, en 2018, un cabo recibió dos balazos en la cabeza de una subametralladora UZI y, un año antes, en un allanamiento a un narcotraficante, la policía encontró otra subametralladora UZI y que, curiosamente, cuando fue revisado su número de serie estaba registrada a nombre de Carabineros.
Hay más. El día que se inició el confinamiento total para la región metropolitana una balacera en La Legua en pleno toque de queda activó la desesperación entre sus habitantes. Ningún carabinero llegó a auxiliarlos ni menos hubo detenidos. Y la semana pasada, en absoluto sigilo, un funeral narco en Padre Hurtado, fue escoltado por Carabineros sin que, hasta ahora, se establezcan quienes dieron las órdenes para esa medida.
Por eso, las declaraciones de Sebastián Piñera de enviar un proyecto de ley en que los decomisos y destrucción de drogas pasen desde los servicios de Salud a Carabineros es un hecho peligrosísimo y de permisiva maldad. Una institución corrupta, moralmente degradada, debe avanzar hacia una refundación. Aunque CADEM, la encuestadora oficialista –que el año pasado recibió más de 900 millones de pesos del Gobierno-, diga que la aprobación de Carabineros es de un 54%, la percepción ciudadana es de una total desconfianza. En un año, además, en que la deserción escolar en barrios vulnerables alcanzará insospechados límites y será un caldo de cultivo para que bandas criminales sumen a jóvenes sin futuro, la decisión del Ejecutivo es un disparo en los pies. Rozas sigue en su puesto y con la confianza plena de Piñera. No hay lógica ni reflexión. Solo un pasadizo oscuro que nos llevará a que la vida tenga aún menos valor para los más desposeídos y un aliento a que los vicios de la putrefacción propaguen con mayor rapidez su hedor por una institución éticamente destruida.